La montaña por fin parió su ratón o, lo que es lo mismo decir, la Justicia dictó sentencia.
Me refiero al caso del repartidor que pegó al “youtuber” que le llamó “cara de anchoa”. Ya podemos dormir todos tranquilos.
Los profanos en Derecho se sorprenden con el hecho de que, al final, la multa se quede en 30 euros. Los que llevamos unos cuantos años en esto, en cambio, no.
Recuerdo el primer caso que tuve ante un juzgado del orden jurisdiccional penal; era algo similar: pelea, algún “soplamocos”, insultos varios y, al final, condena a una multilla de cinco mil pesetas. Sentencia dictada in voce por un juez de instrucción en un juicio de faltas; por mi parte, estreno como abogado defensor en ese tipo de pleitos.
Al salir, mi cliente, lejos de estar escocido por el resultado, me dijo textualmente que iba a juntar las diez mil pesetas y yo le dije que no, que no había entendido bien, que eran cinco mil.
Y entonces me replicó que el que no se enteraba era yo, que si al final era que la cosa se quedaba en cinco mil, que pagaba ya mismo diez mil pesetas, cinco mil por la que le había dado y otras cinco mil por la que le iba a dar en cuanto se lo encontrara otra vez. Y me razonó:
–Así nos ahorramos juicios y papeleos.
Han desaparecido los juicios de faltas (sustituidas por delitos leves) y hasta las pesetas (ahora son euros). Pero el razonamiento es viejo, muy viejo, verán ustedes.
Cuenta AULEIO GELIO, que cita, a su vez a FAVORINO (filósofo griego), la siguiente historia que, por lo visto, motivó un cambio en las primitivas leyes de Roma:
“Lucio Veracio era un hombre desalmado y de una brutalidad inmensa. Para divertirse tenía por costumbre golpear el rostro de los hombres libres con la palma de la mano. Solía llevar tras él un esclavo con una bolsa llena de ases [moneda de poco valor] y, cuando abofeteaba a alguien, ordenaba que dieran inmediatamente al injuriado veinticinco ases, como disponían las Doce Tablas. Por eso los pretores decidieron luego que esta norma debía ser abandonada e invalidada, y anunciaron por medio de un edicto que nombrarían unos asesores que tasaran el valor de las injurias”.
Desde tiempos inmemoriales el personal tenía muy claro que hay una justicia para los ricos y otra para el resto de mortales. La cuestión, entonces como ahora, era la de determinar ese precio y si podías pagarlo.
Y a Lucio Veracio, que por lo visto unía en su persona los defectos de “Cara de Anchoa” y los del malhadado “youtuber”, le cuadraron las cuentas: conocía el precio y, además, era un hombre de “posibles”.
En aquel tiempo no había internet ni cámaras ocultas pero, al menos, alguien con sentido común le tomó la matrícula y los pretores pudieron pararle los pies.
Será por eso, entre otros millones de motivos, por lo que los juristas de hoy se siguen formando con el Derecho Romano.
Por cierto, ahora que lo pienso; voy a ver cuánta pecunia numerata llevo en la cartera y darme un paseo por ahí…
Todos estamos embarcados en el mismo navío y nadie puede abandonarlo. Quien quiera separarse de mí, debe convertirse antes en cómplice, de forma que no le quede ningún camino de retirada
Adolf Eichmann, en Hungría
Con los telediarios abriendo con imágenes de las salas de vistas de la Audiencia Nacional –estos días no dan abasto- me resulta imposible no evocar en mi memoria ciertos juicios, con multitud de acusados, en los que una de las excusas ofrecidas para pedir la absolución era el consabido “cumplíamos órdenes”.
Es de manual: si mutualizamos la culpa, cualquier tipo de condena -si la hay- será siempre más llevadera.
Ya ha sido objeto de estudio el proceso por el cual personas “corrientes”, con independencia de su clase social, ideología e instrucción, fueron los implacables ejecutores de algunas de las matanzas más crueles que recuerda la Historia. Miles de seres humanos (judíos, gitanos, homosexuales, comunistas…) perecieron bajo sus manos de una manera atroz e indiscriminada.
A estos ejecutores les han llamado “hombres grises” (Christopher Browning) o “verdugos voluntarios de Hitler” (Daniel Goldhagen).
Si hubo gente que a mediados del Siglo XX se prestó a cooperar con el Holocausto, ¿cómo no iba a ver gentuza en el Siglo XXI que tuviera estómago para vender basura financiera a sus propios clientes?
Remontémonos a 2007, cuando pintaban bastos y la contabilidad creativa no era suficiente ya para tapar las vergüenzas de algunas entidades financieras patrias. A un genio –o grupo de genios- se le ocurrió la idea de crear y comercializar basura financiera para recapitalizar el balance.
“Recapitalizar” es un eufemismo que, en realidad, significa tapar el agujero que deja la pasta que se han llevado cuatro listos.
Y ahí que surgieron las llamadas “cuotas participativas”, las “preferentes”, las “subordinadas” y otros tantos productos basura pensados e ideados para captar con artimañas el ahorro de los propios clientes de la entidad financiera (que era “demasiado grande para caer”) y apropiárselo para cuadrar el maldito balance.
Tocaron generala, convocaron reuniones y enviaron los consabidos powerpoint.
–“Ahora no sois directores de oficina, sois comerciales” –les dijeron.
–“El proceso de venta es responsabilidad de toda la organización” –les tranquilizaron.
–“Hay que cumplir objetivos” –les ordenaron.
Se remangaron la camisa y se pusieron a ello, con ardor guerrero.
Hubo gente que se resistió:
–“¿Para qué querría ganar yo más si con el depósito que firmamos era suficiente?”.
El director, a veces, se enfadaba con el yayo. Le hacía ver que no estaba pensando en el futuro de los suyos, que era un egoísta…
Y el señuelo no fallaba. Era como convencerle de que se quitara la ropa antes de una ducha… justo en la antesala de una cámara de gas. Así de fácil.
Total, que empezaron a firmarse contratos y más contratos.
Pero pasaron los años y, cuando el yayo quería rescatar el dinero para los estudios del nene, por poner solo un ejemplo, le decían que no era posible.
Y empezaron los “madresmías”.
Pero las cabezas-pensantes lo tenían todo previsto.
–“Fácil, lo trasladamos de oficina y punto. En Moratalla no lo conoce nadie…”
Y continuaron con un baile de traslados. O de prejubilaciones. No sea que a alguno se le fuera la olla y “salieran en los papeles”.
Muchas sucursales, incluso, cerraron. Ya no había nadie a quien protestar.
Oiga, que le vendieron preferentes a alguien que no tenía cultura financiera…
–“Cumplíamos órdenes”.
Oiga, que no le dijeron que las cuotas participativas no cotizan en un mercado secundario y que jamás iban a recuperar el dinero…
–“Cumplíamos órdenes”.
Oiga, que era un matrimonio de ancianos sordomudo…
-“Cumplíamos órdenes”.
Algún día se sabrá la verdad de esta ignominia, de esa especie de “Conferencia de Wansee” bancaria que convirtió a probos empleados de banca en cómplices y ejecutores de esa política. Conferencia “de Wansee” o, más propiamente dicho, “de Alcalá”, que es la calle donde está la sede del Banco de España. Las últimas noticias apuntan a que el propio órgano supervisor estaba metido en el ajo, al menos, mirando para otro lado.
Quizá los juicios sobre las “tarjetas black”, las “preferentes” y demás nos ayuden a saber cómo se toman esas decisiones, decisiones que han arruinado a tantas y tantas familias. Y ponerle medios para que no se repita.
Soy más pesimista, en cambio, a la hora de que verdaderamente se haga justicia con esos otros empleados de banca, kapos y oficiales ejecutores en definitiva, que hoy por hoy gozan de una prejubilación dorada, impunes y sabedores de que no los va a buscar ningún Simon Wiesenthal que perturbe su descanso.
–“Cumplíamos órdenes”, te dirán, mientras se comen la última aceituna del plato y le dan un buen sorbo a su cerveza.
Después de ponernos un mostrador-barricada para cada servicio y fiel a su estrategia de externalizar (como dicen ahora los modernos) todo el trabajo que se pueda, la Administración de Justicia -sede de Murcia- nos remite, para consultas de la cuenta de consignaciones de los juzgados, a un acceso telemático que, según parece, han puesto a nuestra disposición.
Vamos, que para ver cómo van los cobros y pagos de un expediente judicial concreto no les demos el follón (“qué hay de lo mío, qué hay de lo mío”) y lo veamos por internet. Vale.
Me preguntaba cómo podía acceder a la cuenta del Juzgado cuando recibo comunicación a través del Colegio de Abogados en la que se nos confirma este extremo:
Bien -me digo-, voy a meterme en este nuevo follón digital y ver si desde mi despacho puedo consultar un expediente concreto.
Como me creo lo que me dice mi colegio profesional y, por supuesto, a pies juntillas lo que dice la Administración, llamo al teléfono que ponen en la circular que, como no podía ser de otra forma, supone un peregrinar de operadores hasta que doy con el que sabe de qué va esto. Como no tengo cuenta -me dicen- debería de darme de alta en una oficina.
Después de varios pantallazos (esto parece una partida de “Mario Bros”), llego al límite y me encuentro que ni con mi certificado digital de la ACA ni con mi DNI electrónico puedo entrar.
Nada, imposible, que no…
Inasequible al desaliento, me acerco a la oficina central de Banco Santander en Murcia donde me atiende una comercial con la que, al final, me tengo que abrir una cuenta en el banco; me da un acceso específico a su plataforma de internet, me facilita unas claves y me despide después de una hora de papeleo. Ni una queja del trato dispensado que, por lo demás, ha sido exquisito.
Me vuelvo a mi despacho más contento que unas castañuelas, introduzco las claves y, tachán, pido acceso al expediente que me interesa:
Acceso que ha sido denegado (para eso no tardan mucho, es verdad) sin una mísera explicación:
En este momento es cuando me acuerdo del gesto de la comercial cuando hemos probado “in situ” el acceso, que no lo tenía de inicio: suspiraba aliviada porque la parte del banco funcionara.
Al final, para ver una cuenta de consignaciones tienes que obtener el permiso del Sr. Letrado de la Administración.
Toma castaña.
Y digo yo, llegados a este punto ¿no sería más fácil que nos dieran el extracto de primeras y ahorrarnos tanto paseo?
Más aún, ¿por qué no tengo acceso al expediente desde el minuto cero si, ya consta que soy el letrado de una de las partes?
Casi de manera desapercibida -pero ahí está para verlo-, el campo de minas en que se ha convertido la Administración de Justicia nos ha colocado a los abogados una bien grande en el registro general, esto es, a la entrada del sistema; una mina que es para tentarse la toga.
Con el uso obligatorio de Lexnet, este verano se nos ha añadido el cumplimiento de una serie de exigencias que dificultan aún más nuestro desempeño. Y es que, conforme a lo previsto en los artículos 267, 268, y 273.5 de la LEC, y 17 del RD 1065/2015, anexo IV de éste último, lo que presentemos tendrá que cumplir los siguientes requerimientos “técnicos”:
– Los escritos deberán tener formato PDF con “OCR”; es decir, que para que S.Sª. Ilma no se canse y pueda hacer un “cortaypega”, el PDF debe permitir el reconocimiento de caracteres.
– Se digitalizará un documento por archivo (más trabajo administrativo).
– El primer anexo debe contener el índice de los documentos que se aportan (algo que no exigía la norma procesal lo requiere la técnica).
– Cada anexo debe ir precedido del número que ocupa en el índice documental.
– Los documentos deber de ser nombrados de forma descriptiva, que los identifique claramente.
Y, ojo, que ya no cuela el consabido método de “prueba y error”. A la primera vez que te equivoques te van a sacar tarjeta amarilla y te concederán plazo para subsanar. Pero, cuidado, si el profesional ya ha sido requerido por otro órgano del mismo partido judicial se rechazará de plano conforme a lo dispuesto en el artículo 43.2 de la Ley 18/2011.
La tarjeta roja será no tener por presentado el escrito, con la pérdida de oportunidad procesal que ello supone y, por tanto, riesgo de que se te impute responsabilidad profesional.
Comparto aquí esta sencilla plantilla para os ayude a cumplir esta tarea. Su uso es muy simple e intuitivo: en la tabla vas relacionando -debidamente numerados- los documentos que acompañas al escrito. En la segunda columna distingues si es público o privado (esto es de mi cosecha: no tienen el mismo valor probatorio y distinguirlos te va a servir para conclusiones). En la tercera se abre un desplegable para indicar la fecha. En la siguiente incluyes una breve descripción del documento. Y, finalmente, indicas el número de páginas. Aquí no te canses, que al digitalizarlo y convertirlo en PDF ya te lo calcula la aplicación. Poner el número de páginas dificulta posibles manipulaciones. Que de todo ha visto ya uno.
Fácil ¿no?
Pongo “versión 1” porque es mejorable: se admiten y agradecen sugerencias.
Si alguna lección hemos aprendido de la última crisis financiera es que, en muchos casos y a la hora de capear el temporal, las cajas de ahorros y los bancos no fueron precisamente lo que se dice unos aliados fiables. Todo lo contrario. Cuando empezaron a venir mal dadas muchos empezamos a comprobar, con desazón, que los productos denominados “estructurados” (basura financiera, diría yo) pesaban como botas de plomo que arrastraban hacia el fondo a pequeños empresarios justo cuando braceaban y boqueaban en un intento de no ahogarse definitivamente.
Es el caso de los ahora famosos SWAPs; y digo “ahora” porque en su día nadie sabía o entendía lo que era eso, ni siquiera por su nombre en castellano: permuta de tipos de interés.
Yo tampoco, lo confieso; ello a pesar de que tener tres carreras universitarias y -esto es lo más triste- un curso de especialización en derecho bancario. Que me devuelvan el dinero, oiga.
En realidad, hablamos de un producto supuestamente innovador que, para entendernos, precisaba del compadreo de dos entidades financieras quienes, a su vez, pactaban con sus respectivos clientes unas determinadas condiciones-espejo que los convertían en rehenes en un maquiavélico juego de “suma cero”: daba igual si subían o bajaban los tipos de interés; ganaba uno y perdía el otro. Pero los bancos, que estaban en medio, no.
Era un producto estructurado… para hacer bueno el dicho de que la banca siempre gana.
Y ese era el caso de mi cliente, a quien, al tiempo de formalizar un préstamo para ampliar instalaciones, se le vendió una especie de seguro de tipo de interés para protegerle (sic) de una tormenta cuyos negros nubarrones ya asomaban desde el otro lado del Atlántico. Un “seguro” por el que, cuanto más bajaban los tipos de interés, más tenía que pagarle al banco. El mundo al revés.
Estudiada toda la documentación concluimos que le habían tomado el pelo (no era un seguro) y hasta él mismo se retorcía azorado cuando se lo explicábamos:
-“Eso no era lo que me dijeron…”.
Estábamos ante un error invencible, como una catedral de grande, causa de nulidad radical del contrato pero, antes de demandar, negociamos con la entidad y ésta respondió, a través de un jefecillo de zona, poniendo en duda nuestra profesionalidad y capacidad.
Eso me convenció, definitivamente, de que habíamos dado en el clavo. Solo desde la altivez y una sensación de impunidad se nos podía tratar de esa manera. Se valían de la misma prepotencia con la que le colocaron a mi cliente un producto que no necesitaba.
Demandamos y ganamos en el juzgado de instancia la primera batalla. Pero el banco no se iba a conformar. En su cuartel general tenían clara la estrategia: “patada a seguir” y a ver si mientras escampa. O, mejor, nos rescatan.
Cinco años después, recurso tras recurso, por fin han topado con el Supremo. Ese tribunal que siempre tiene razón y no lo digo porque ahora nos la haya dado a nosotros: la tiene, simplemente, porque es el último en hablar.
Y en este caso, al tiempo de inadmitir el último recurso, el Tribunal Supremo ha dicho lo siguiente:
1.- Sobre el plazo para demandar y dado que el Banco decía que había caducado la acción de nulidad entablada por nosotros, responde diciendo que su cómputo, salvo expresa disposición que establezca lo contrario, no puede empezar sino hasta que se tiene o puede tenerse cabal y completo conocimiento de la causa que justifica el ejercicio de la acción; en este caso la existencia de error.
Con este planteamiento, eldía inicial del plazo de ejercicio de ese tipo acción será cuando se produzca en el desarrollo de la relación contractual un acontecimiento que permita la comprensión real de las características y riesgo del producto que se ha adquirido mediante un consentimiento viciado, señalándose, en este sentido, el de suspensión de las liquidaciones de beneficios o de devengo de intereses, el de aplicación de medidas de gestión de instrumentos híbridos acordadas por el FROB, o, en general, otro evento similar que permita la comprensión real de las características y riesgos del producto complejo adquirido por medio de un consentimiento viciado por el error.
2.- Sobre el error en la contratación de productos y servicios de inversión, y en concreto, en la contratación de “swaps” de tipos de interés o de inflación el error propiamente dicho, la Sala ha dictado recientemente un número considerable de sentencias, declarando la nulidad del contrato por concurrencia de error vicio del consentimiento cuando el mismo ha sido causado por el incumplimiento por la empresa de servicios de inversión del deber de información al cliente que le impone la normativa sectorial.
La norma reguladora de estos productos complejos recoge la obligación de la entidad financiera de informar debidamente al cliente de los riesgos asociados a este tipo de productos, puesto que siendo el servicio prestado de asesoramiento financiero (la suscripción de los contratos fue ofrecida por el Banco al cliente), el deber que pesaba sobre la entidad comprendía tanto cerciorarse de que el cliente conocía bien en qué consistía el swap que contrataba y los concretos riesgos asociados a este producto, como asimismo haber evaluado que en atención a su situación financiera y al objetivo de inversión perseguido, era lo que más le convenía.
3.- Es importante, asimismo, saber que esta jurisprudencia ha declarado que lo determinante no es tanto que aparezca formalmente cumplido el trámite de la información, sino las condiciones en que materialmente se cumple el mismo. Es decir, que no basta con un firmar unos papelitos que te pongan delante.
4.- Por otro lado, el hecho de que el cliente sea una sociedad mercantil no supone necesariamente su carácter experto, puesto que la formación necesaria para conocer la naturaleza, características y riesgos de un producto complejo y de riesgo como es el swap no es la del simple empresario sino la del profesional del mercado de valores o, al menos, la del cliente experimentado en este tipo de productos. Así no basta con los conocimientos usuales del mundo de la empresa, pues son necesarios conocimientos especializados en este tipo de productos financieros para que pueda excluirse la existencia de error o considerar que le mismo fue inexcusable, y «no por tratarse de una empresa debe presumirse en sus administradores o representantes unos específicos conocimientos en materia bancaria o financiera» (sentencia 676/2015, de 30 de noviembre).
5.- La Sala le pega un buen tirón de orejas a la entidad al manifestar que quien ha sufrido el error merece en este caso la protección del ordenamiento jurídico puesto que confió en la información que le suministraba quien estaba legalmente obligado a un grado muy elevado de imparcialidad, exactitud, veracidad y defensa de los intereses de su clientela en el suministro de información sobre los productos de inversión cuya contratación ofertaba y asesoraba.
6.- El cliente, continúa, debe poder confiar en que la entidad de servicios de inversión que le asesora no está omitiendo información sobre ninguna cuestión relevante. La parte obligada a informar correctamente no puede objetar que la parte que tenía derecho a recibir la información correcta debió haberse asesorado por un tercero y que al no hacerlo, no observó la necesaria diligencia. Es decir, que no se le puede exigir que vaya con un notario y con un abogado a la oficina bancaria.
Y es que en esta resolución se declara probado que la entidad no cumplió adecuadamente sus deberes de información y que el cliente no tuvo conocimiento de la naturaleza y riesgos de la contratación, en concreto sobre la cancelación anticipada del producto ni sobre su coste en un escenario perjudicial para él.
7.- La Sala reprocha también la existencia de un conflicto de intereses con la entidad, conflicto que era evidente; y que no conste, tampoco, mención alguna sobre la posible idoneidad o falta de idoneidad del producto para el perfil del cliente.
8.- Finalmente, El Tribunal Supremo ha rechazado que la circunstancia de recibir liquidaciones positivas o la realización de contratos sucesivos suponga la confirmación tácita del negocio, o un acto propio vinculante. Es decir, que a mi cliente se le reprochaba que solo cuando recibió liquidaciones negativas, protestó. Bien, es lo que la Sala explicaba al principio de su resolución, que es a partir de ese momento cuando se dio cuenta del engaño, no antes. Y ese fue el momento en que pudo demandar para pedir la nulidad.
Comparto aquí el texto completo con la esperanza de que le sea de utilidad a compañeros y otros operadores jurídicos.
En la actualidad mi cliente sigue con su negocio abierto mientras que la entidad financiera, finalmente, fue intervenida por el FROB. Traducido, que fue rescatada con el dinero de todos los españolitos. La sucursal, por supuesto, cerró.
Y si mi cliente sigue abierto no es gracias, precisamente, a la ayuda que tuvo por parte de su “banco amigo”.
Simplemente fue porque su modelo de negocio nunca se ha basado en engañar y defraudar la confianza que, a su vez, le vienen depositando sus propios clientes.
La historia comienza con unos jóvenes abogados que, con toda la ilusión del mundo, montan un despacho.
La sede no es la de un lujoso edificio de oficinas, no. Pero no faltan el parquet, unos cuadros adornando las paredes (todos originales, eso sí) y una mesa de madera maciza para las reuniones. Hablamos de una mesa limpia y sin expedientes amontonados. Que no veas la mala imagen que da eso.
Despacho coqueto y funcional. Aunque todavía no haya dado tiempo a poner el aire acondicionado. Ay. En Murcia, con la que cae…
La historia sigue con una visita. Para darle el estreno vienen dos clientes –constructores entrampados- con su principal acreedor quien, a su vez, se presenta acompañado por un director de sucursal que, por lo visto, se saca sobresueldo por las tardes. No se sabe qué formación tiene, pero desde luego está claro que no es abogado. Es su “asesor”. Vale.
Después de un tira y afloja que dura un par de horas, al final hay acuerdo y se redacta un texto que recoge las condiciones de refinanciación por las que el prestamista les da un poco más de “cuello” a los clientes. Solo queda sacar el dinero y acudir al notario, gestión que se remataría al día siguiente.
Es en la puerta, despidiéndose, cuando el “asesor” se vuelve y dice:
-Ah… Fulano, Mengano… a ver si le pagáis más a vuestro abogado, que le dé para comprar un aire acondicionado. Que no veas qué calor he pasado esta tarde.
Y se da media vuelta sin esperar contestación.
La historia termina a la mañana siguiente, en la notaría. Ha pasado media hora; y una hora; y casi hora y media; y el “asesor” que no viene con el dinero prometido.
Todos se remueven con incomodidad en la sala de espera. El enfado del prestamista empieza a ser monumental.
Claro que, como en esa época no hay teléfonos móviles, no hay manera de saber qué pasa.
Amago de suspender y romper trato.
Y en esas que llega el “asesor”, empapado de sudor –já- y todo congestionado –ja, ja-:
-Milperdones, milperdones, pero es que se me ha parado el coche en la autovía. Ná, una tontería, al final era un latiguillo, que se ha salido de sitio… Me lo han vuelto a colocar y listo –se explica.
Se firma la papela, se entrega el dinero y, después de convidarse, hora de la despedida.
El abogado duda. Lo dice, no lo dice… Sí, lo dice. Total, ya se ha firmado y no hay marcha atrás:
-Encantado de conocerle, D. Zutano. Ah, una cosa solo: que con la pasta que va a ganar con mis clientes, a ver si por lo menos le da para comprarle un latiguillo nuevo a su asesor. Que la próxima vez llegue a tiempo y no le haga esperar.
Por lo visto, trabajar como señor-letrado-de-un-banco te hace un ser superior, que está por encima del Bien y del Mal y, por supuesto, de cualquier norma deontológica o de cortesía profesional.
Lo digo por un individuo (me resisto a llamarlo “compañero”) con el que he estado negociando –o al menos eso pensaba yo- para llegar a un acuerdo judicial de pagos.
El susodicho me ha estado dando largas, no ha contestado llamadas ni tampoco correos, salvo el primero y eso porque lo pillé desprevenido: no sabía ni de qué expediente se trataba. Me ha obligado, en definitiva, a ir detrás de él con el consabido “qué hay de lo mío, cómo lo llevas”.
A todo esto, mi Cliente y su esposa, a la que también engancharon como fiadora, pasando las de Caín, puesto que en su vida han dejado a deber un simple café y ahora se encuentran con sus magras propiedades embargadas por una entidad sin prestigio -aun a pesar de cambiar varias veces de nombre y recibir una morterada de euros en ayudas públicas- y con un servicio que tiene menos credibilidad que Pepe Sacristán haciendo de Batman.
-¿Han aceptado la oferta? ¿Se sabe algo? –escucho apretando puños para no decir ninguna barbaridad.
El tiempo pasa, los intereses corren mientras que al otro lado de la línea nos topamos con un muro enladrillado con desprecio.
–¿Es normal que tarden tanto en darte una respuesta?
Y en esas estamos cuando, meses después de absoluto silencio, resulta que su “banquito” ha cedido la deuda a un fondo buitre, que este verano se la reclama a mi Cliente por correo con aviso de inclusión en fichero de morosos; con lo que vuelta a empezar y a darle vueltas al torno.
Lo peor de todo es que, después de llamar al teléfono que figura en la carta y pasarme de una operadora a otra, me emplazan para primeros de septiembre: al estar judicializado el expediente, primero tienen que consultar al que lo lleva… si, a ese, al abogado “en plaza” (sic).
Y yo cruzando los dedos para que no sea el mismo.
Más que por nada por aquello de que cuando se dice de alguien que tiene mando “en plaza” es porque demuestra autoridad para dominar una situación.Y como sea este quien deba decidir sobre la oferta, tendremos que esperar a que el Mar Menor se regenere.
Es decir, al Final de los Tiempos.
Voy a poner mis pies a remojo que hoy tengo la cabeza muy caliente.
Aún no habíamos cerrado la maleta para irnos de vacaciones cuando el pasado viernes 29 de julio se hizo pública Sentencia del Tribunal Constitucional que declara lo que todos nos barruntábamos, esto es, que la imposición de tasas judiciales -tanto para acceder a la justicia como para poder formular recursos- era INCONSTITUCIONAL.
No debe escaparse el detalle de que quien así lo afirma es el Pleno del Tribunal Constitucional en una sentencia dictada por UNANIMIDAD. Y lo hace al considerar que el establecimiento de dicha imposición vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva.
Como ser justos es “darle a cada uno lo suyo” (ULPIANO), con esa resolución se estima un recurso presentado por el Grupo Socialista del Congreso contra la una ley promovida por quien entonces ocupaba la cartera de Justicia, el Sr. Gallardón. Que quede consignado su nombre para oprobio del personaje (a quien, por razones obvias, ya no podemos exigirle que dimita) y, de forma correlativa, reconocer su mérito a los diputados y el partido político que en su día promovieron el recurso.
Las tasas afectadas por esta sentencia no son las que venían abonando las personas físicas, porque una posterior reforma de la ley que llevó a cabo el actual Ministro de Justicia en funciones, Sr. Catalá, eximió del pago del tributo a los particulares; el Tribunal declara por ese motivo la pérdida sobrevenida del objeto del recurso en lo que se refería a dichas tasas y no entra en detalle.
¿Qué efectos tiene la Sentencia del Tribunal Constitucional para las demás tasas, esto es, las abonadas por personas jurídicas?
El Tribunal aclara en el fundamento de derecho decimoquinto que, en virtud del principio de seguridad jurídica, la declaración de nulidad de las tasas sólo producirá efectos con los nuevos procedimientos que vayan a iniciarse o en aquellos donde no haya recaído una resolución firme. Pero en este último caso exige, además, que previamente se haya impugnado el pago de la tasa por impedir el acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso (artículo 24.1 CE).
En la práctica, apenas se va a devolver todo lo que se ha expoliado, pero algo se puede hacer.
¿QUÉ HAY QUE HACER?
Por parte de la Agencia Tributaria considero que ya está tardando en modificar el modelo 696 y adaptarlo a la sentencia, a saber:
1º.- Eliminar del mismo las siguientes cuotas fijas: (i) la de 200 euros para interponer el recurso contencioso-administrativo abreviado y la de 350 euros para interponer el recurso contencioso-administrativo ordinario; (ii) la de 800 euros para promover recurso de apelación y de 1.200 euros para los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, en el orden civil; (iii) la de 800 euros para el recurso de apelación y 1.200 euros para el recurso de casación en cualquiera de sus modalidades, en el orden contencioso-administrativo; (iv) así como también la nulidad de la tasa de 500 euros para el recurso de suplicación y 750 para el de casación en cualquiera de sus modalidades, ambos del orden social.
2º.- Eliminar la cuota variable para todos los supuestos, cuya cuantía era la que resulte de aplicar al valor económico del litigio el tipo de gravamen que corresponda, según la siguiente escala: de 0 a 1.000.000€, 0,5%; el resto, un tipo porcentual del 0,25. Máximo variable: 10.000€.
El pago de la tasa se va a quedar para los procesos civiles, con pago de una cuota fija, y poco más.
Por parte de los afectados por las tasas, presentar un escrito en Hacienda pidiendo que se nos devuelva el importe abonado indebidamente, alegando que impugna el pago de la tasa porque considera esa autoliquidación le ha perjudicado sus intereses legítimos; en nuestro caso, que la tuvo que abonar para no perder la oportunidad de acudir a la vía jurisdiccional (o al recurso, en su caso), supuesto que ha sido declarado inconstitucional por ser contrario al artículo 24.1 CE conforme a STC de 21 de julio de 2016. Y que el pago supuso una merma a su capacidad económica, teniendo que destinar recursos al pago de un tributo que nunca tuvo por qué abonar.
La rectificación que se pide es la que corresponda según el tipo de proceso (en los casos que no sean civiles la cuota debió ser cero) y que se le devuelva el dinero indebidamente abonado en unión de sus intereses legales correspondientes (ex artículo 128.2 LGT).
Hay que acompañar el justificante del pago de la tasa y acreditar que el proceso no ha terminado aún. Como pedir un certificado al Letrado de la Administración lleva tiempo, sugiero aportar la última notificación recibida del proceso y, si Hacienda duda, que temita oficio al Juzgado para aclararlo.
¿ESTAMOS A TIEMPO?
Dice el Tribunal Constitucional que ha apreciado que dichas tasas “son contrarias al art. 24.1 CE porque lo elevado de esa cuantía acarrea, en concreto, un impedimento injustificado para el acceso a la Justicia en sus distintos niveles. Tal situación no puede predicarse de quienes han pagado la tasa logrando impetrar la potestad jurisdiccional que solicitaban, es decir, no se ha producido una lesión del derecho fundamental mencionado, que deba repararse mediante la devolución del importe pagado”.
Por ello, concluye, no podrá reclamarse aun cuando el proceso no haya finalizado, si la persona obligada al pago de la tasa la satisfizo sin impugnarla por impedirle el acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso (art. 24.1 CE) y añade un inciso: “deviniendo con ello firme la liquidación del tributo”. Contrario sensu, cabría entender que mientras que no sea firme la liquidación resultaría perfectamente legítimo reclamar la devolución del importe abonado.
Según el Tribunal Constitucional, quien ha pagado y ha accedido a la jurisdicción no ha visto lesionado su derecho fundamental; pero yo me pregunto: ¿Qué pasa con quien ha abonado la tasa y también la ha impugnado? ¿Pierde su derecho?
Pero, aun entendiendo que con el pago de la tasa no se lesionó ese derecho fundamental, no es menos cierto que con ello se afectó un interés legítimo como es el de que no se te viera mermada tu capacidad económica como consecuencia del pago de un tributo que nunca tenías que haber abonado.
El artículo 31 de la Constitución señala que “todos deberán contribuir al mantenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica y mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad que en ningún caso tendrán un alcance confiscatorio”.
Lo lógico sería pensar que si la satisfaces -para no perder tu derecho- y, al mismo tiempo, la impugnas por ese motivo, sí que puedes seguir exigiendo la devolución, respetando, claro está, los plazos y formalidades que exige la Ley General Tributaria.
Según informa la propia AEAT en su página web, la solicitud de rectificación sólo podrá hacerse una vez presentada la correspondiente autoliquidación y antes de que la Administración tributaria haya practicado la liquidación definitiva (que tendría que haber notificado) o, en su defecto, antes de que haya prescrito el derecho de la Administración tributaria para determinar la deuda tributaria mediante liquidación o el derecho a solicitar la devolución correspondiente (el plazo de prescripción es de 4 años).
Por tanto, si representas a una persona jurídica en un proceso judicial que no ha terminado, si la liquidación de la tasa no es firme y no han pasado 4 años desde la presentación de la autoliquidación, entiendo que aún estamos a tiempo de reclamar y animo a quien esté en esa situación que se ponga a ello.
Puede consultarse con más detalle este procedimiento administrativo tributario en este enlace:
En este otro enlace puedes descargarte de forma GRATUITA un modelo de escrito que hemos preparado en DUALIS para presentarlo directamente en Hacienda sin necesidad de Abogado:
Una vez presentada nuestra petición el plazo que tiene para resolver la AEAT es de SEIS MESES. Si recibes notificación expresa desestimatoria o, bien, pasan esos seis meses sin noticias, se abre la vía para interponer un recurso de reposición o, bien, una reclamación económico-administrativa.
En ambos casos el plazo para recurrir sería de UN MES.
Si quieres ampliar información sobre la sentencia puedes consultar el texto completo aquí:
Rescato de la web de “El Mundo” la foto antes de que la borren; aunque el daño ya está hecho, claro, porque desde ayer se ha convertido en viral en la red.
Sentando en un confidente, el señor fiscal del caso “Noos” atiende al periodista. Para ello, ha tenido que hacerse sitio ladeando un carro de “Mercadona” lleno de cajas con el precinto de la Guardia Civil.
En los estantes de su despacho cabe una botella de agua mineral vacía, pero no la mayoría de los expedientes, que incluso ocupan un sillón tapizado a juego con el traje del señor fiscal.
Al fondo apenas se adivina la bandera de España.
Lo que no ven son los pies del entrevistado; igual hasta lo pillaron con zapatillas de andar por casa, o descalzo.
Está claro que no tiene asesor de imagen. Si así fuera, debería estar despedido de manera fulminante.
O no…
Porque la entrevista parece hecha en un momento de esos de “ay, chica, estaba haciendo la casa, no esperaba visita”.
Pero no sería de extrañar que se trate de un “descuido” bien pensado.
Solo eso explicaría que la foto refleje, tal cual, el estado actual de la administración de justicia, precisamente en la misma semana en que el ministerio de la cosa proclama, triunfante, que ya estamos en la fase de “papel cero”.
La realidad es tozuda. Papel cero sí, pero no tanto.
Por ejemplo, hoy mismo nos enteramos que en Madrid, Villa y Corte, se ha dictado una instrucción que permite aún la presentación en papel. De momento, hasta el 31 de enero. Por lo visto, a más de uno el cambio le ha pillado con el polvorón en la boca y ha debido de pedir prórroga.
Observo en la foto un despacho lleno de causas -imagino- aún pendientes de calificar.
¿Qué método empleará para despacharlas? ¿El FIFO? ¿El LIFO? ¿Aún tienen preferencias las causas con preso? ¿Cómo las tiene localizadas?
Y la pregunta del millón: ¿Cómo va a poder cumplir con el plazo máximo de instrucción?
El mensaje es claro: a pesar de los medios con los que se dice que se ha dotado el sistema, así es, señoras y señores justiciables, cómo aguarda el destino y el futuro de más de uno.
La próxima vez que alguien pregunte “cómo va lo mío”, por favor, que tenga presente esa imagen y no olvide que, a lo peor, la velocidad de “lo suyo” depende de algo tan pedestre como lo engrasadas que vayan las ruedas del carrito de “Mercadona”.
Para un servidor, redactar un escrito forense es algo más que juntar unas cuantas letras, cortar y pegar cuatro sentencias y pedir lo que se nos ocurra en ese momento.
Es cierto que el papel lo soporta (casi) todo, pero no es menos cierto que si algo queda de tangible en la prestación de servicios jurídicos es eso, un escrito. Y, como siempre dice mi madre (mi primera maestra), quien no te conoce te juzgará por lo que lee.
Por sus escritos los conoceréis, parafraseando las Sagradas Escrituras.
Dándole vueltas al asunto de la escritura, con minúscula, estas son las cosas que más me suelen molestar, que actúan a modo de saboteadores mentales y añaden un plus de “penosidad” a mi tarea:
1.- Interrupciones
Los compañeros que me lean saben a qué me refiero. Estás escribiendo, empiezas el texto con el consabido “AL JUZGADO, Dª. Fulanica, Procuradora de los Tribunales, colegiada número …” y en ese momento, llamada. Atiendes, apagas el teléfono, recompones la figura y empiezas otra vez: “AL JUZGADO, Dª. Fulanica, Procuradora de los Tribunales, colegiada número …”. Justo, justo, justo en ese momento, un toc-toc en la puerta del despacho (que habías cerrado por algo, claro) y un “perdona la interrupción, ¿estás ocupado?”, y tú, claro, dices, ya no, dime. Atiendes, recompones la figura y empiezas otra vez: “AL JUZGADO, Dª. Fulanica, Procuradora de los Tribunales, colegiada número …”, y entonces es cuando te avisan de que tienes visita, “¿visita, yooo?, ostras, claro, era a las 12 ¿son las 12 yaaaa? Cómo pasa el tiempo”.
Toda la mañana con el dichoso escrito y no has pasado del “AL JUZGADO, Dª. Fulanica, Procuradora de los Tribunales, colegiada número …”
2.- Numerar los documentos
Los ciclistas las llaman “etapas pestosas” y para mí no hay mejor término para definir esta tarea: “pestosa”. Y no te digo cuando son cientos y cientos de documentos los que acompañas a la demanda, sobre todo cuando se trata de facturas, albaranes, recibos de pago y extractos contables. Cuidado con dejarte alguno, que enfrente te lo van a revisar bien. Documento número 1, documento número 138, documento 453… y así.
3.- Redactar un escrito en apelación
Me da igual que seas recurrente o recurrido, apelante o apelado… Dios mío, ya he superado lo de verme y oírme en una grabación, pero qué trabajo cuesta volver a estudiar el asunto, partiendo prácticamente de cero. Es el día de la marmota, en versión jurídica. Fortaleza de ánimo, serenidad, decisión, respirar hondo… y tres padrenuestros.
4.- Rellenar un formulario online
Lo tienes todo presto y dispuesto para presentar y, ah, ojo, hay que rellenar algún formulario online (ojo con la que se nos viene con Lexnet), por ejemplo, para liquidar la dichosa tasa judicial. Pulsas “rellenar formulario”, introduces datos y, cuando crees que lo tienes todo hecho, zas, se borra y vuelta a empezar, jurando en arameo y maldiciendo la estirpe del genio que programó el formulario.
5.- Cuando está impreso y grapado el escrito…
… con sus copias y todo y descubres, con horror, que los párrafos no cuadran con lo que había en pantalla, quedándose una línea, triste y solitaria como el Cadillac, en el último folio. Claro, ya sabes que hay una “cosa” que se llama PDF, que la configuración de la impresora no es la misma de la pantalla, pero es algo que sucede a menudo y da mucha rabia.
6.- Los contratos y sus versiones
Te encargan un contrato “a medida”, te vistes de sastre jurídico, estudias, buceas, analizas pros y contras, te pones en lo peor (eso siempre, en lo peor) y vas redactando cláusula tras cláusula. Le das vueltas, imprimes un borrador y otro y otro, hasta que, satisfecho, por fin, le das el visto bueno.
Lo mandas por correo y empieza el “baile”: cambia esto, añade lo otro, quita lo de estas dos cláusulas (“¿de quién coño eres abogado, del otro?”). Una vez pasado el filtro del cliente lo mandas a la contraparte y ahí ya no hay salvación posible.
Del escrito que habías preparado inicialmente, bien estructurado, equilibrado y hasta con ritmo, pasas a una suerte de Frankenstein contractual, con la cara llena de costurones. A la porra el arte, “biba el colejio”. Eso si, pordios, quite lo de “alquilino” y lo de “sufruto”.
7.- Sentencia que exige aclaración
Me dejo para el final uno de mis favoritos. Notificada sentencia, le das la enhorabuena al cliente y al rato éste te llama y dice, oye, que se han equivocado. No puede ser, nos han dado la razón… eso es que han acertado -bromeas. Pero, no, tiene razón, en cuatro folios y medio de sentencia te encuentras un bodrio en el que, pongo casos reales, divorcian a personas que no eran parte del proceso (esos corta y pega que tantos días de gloria nos están dando), conceden indemnizaciones distintas de las pedidas (¿en qué estaba pensando cuando tomaba notas en el juicio? ¿tomaba notas? ¿dibujaba? ¿estaba en el juicio o era un ectoplasma?)… llamas al juzgado y te dicen lo que más temes: “presenta un escrito”. Oiga, oiga, oigaaaa… que yo no me he equivocado, pero no hay más remedio que presentar el mal llamado “recurso de aclaración”, previsto expresamente en la ley cuando no hay nada que aclarar, puesto que no hay duda de que hay un error como un castillo de grande.
Qué buenas migas harían Microsoft y algunos juzgados, por aquello de las versiones de prueba y las versiones beta.
Comparto experiencias y unos consejos:
1.- Usa mapas mentales
El mapa no es el territorio ni tampoco el pensamiento. Es una guía de escritura, para no perderse. El resultado final no tiene por qué cuadrar con lo previsto pero, desde luego, mal vamos si no tenemos una idea clara de lo que queremos expresar.
No olvides que el mapa es para tí, que lo tienes que hacer en un folio y cuanto más “plástico”, mejor. Ya tendrás tiempo de escribir.
2.- Listas de chequeo
Cuando llevas unos años en esto ves que hay asuntos que se repiten una y otra vez. Usa lista de chequeo y comprueba el estado de los flaps antes de despegar, campeón.
3.- Pomodoros
Si, se llaman así; usa los pomodoros: 25 minutos de sprint mental y 5 de descanso. 25 y 5, esa es la proporción. Algo así como las series de los runners.
4.- Usa fichas
Para los trabajos de más envergadura, una idea una ficha; cuando te pones a redactar, las ordenas sobre la mesa (como los juegos de naipes que llaman solitarios) y cada idea te puede servir de título para cada apartado del escrito. En nuestro caso, hechos separados convenientemente por párrafos, fundamentos de derecho en su sitio y el “petitum”, lo más importante, claro y preciso. Es un error esperar al final, cuando llegas con la lengua fuera, para redactarlo.
Y es que un escrito se lee de principio a fin, pero no tienes por qué concebirlo así. Me remito a lo de los mapas mentales.
5.- Un último consejo: lo perfecto siempre es enemigo de lo bueno y peor que presentar escrito con erratas es no llegar a presentarlo porque se te pase plazo. Ya tendrás tiempo de ganar el Pulitzer de los abogados.
Y si hay una errata, les presentas un escrito de aclaración. Donde las dan las toman.
Inasequible al desaliento, me acerco a la oficina central de Banco Santander en Murcia donde me atiende una comercial con la que, al final, me tengo que abrir una cuenta en el banco; me da un acceso específico a su plataforma de internet, me facilita unas claves y me despide después de una hora de papeleo. Ni una queja del trato dispensado que, por lo demás, ha sido exquisito.
