En el BOE número 70 de fecha 10 de marzo de 1956, esto es, durante la Dictadura de Franco, se publicó el Decreto-Ley, de 4 de marzo, sobre abolición de centros de tolerancia y otras medidas relativas a la prostitución.

Tal y como está redactado se da a entender que antes de esa fecha había «tolerancia» con el asunto. Y vaya si la había. Por ejemplo, en Barcelona, durante el año 1951, había un precio oficial para los servicios de prostitutas (en burdeles autorizados), que era de 21,36 pesetas. Cuando los soldados estadounidenses visitaban España, las prostitutas autónomas subían el precio a 748 pesetas el servicio que -lo he leído por ahí- estaba tan «normalizado» que hasta lo podían contratar para menores de edad desde los 16 años, siempre que, en ese caso, fueran acompañados.

Pero un día los próceres se acordaron de la dignidad de la mujer, de la moral cristiana y, sobre todo, de las enfermedades de transmisión sexual, y decidieron ilegalizarla.

El Decreto-Ley al que me refiero es una norma sencilla de leer, con tan solo siete artículos y apenas tres párrafos en su exposición de motivos. Muy lejos -como vemos- de la farfolla diarréica en la que se han convertido las actuales leyes.

Creo que nunca en la vida, al menos que yo recuerde, se había visto todo el mundo al mismo tiempo pendiente del B.O.E.:

-«¿Podré correr mañana?»

-«Le puedo coger la mano a la novia?»

-«¿Tengo que llevar mascarilla en la bici?»

-«¿Me lavo las manos antes de hacer pis?»

El que inventó aquello de que la ignorancia de la ley no es excusa para su incumplimiento se acostará satisfecho todas las noches. Mi guasap es un hervidero de guías, interpretaciones y cuadros de lo que se permite, de lo que no, del cuánto puede durar el paseo del kilómetro y en que consiste la ruta mediopensionada.

Soy jurista con veinticinco años de experiencia profesional y para mí -lo reconozco- lo que se está publicando sigue siendo una lectura indigerible, un galimatías. No quiero ni pensar en qué se convertirán los juicios cuando se recurran las multas.

Alguien dijo que vivir en democracia supone regirse por un sistema en el que todo está permitido, salvo que se prohíba expresamente. Pero parece que estamos más cómodos con la visión contraria: no podemos salir, todo está prohibido; y sólo se puede hacer esto o lo otro.

Pero que no se interprete esto como una crítica al Gobierno. Que por nadie pase presentarte a una elecciones llevando en el programa electoral cambiar el lenguaje para conseguir el «todos y todas» -por decreto, por cierto, como hacía Franco con el asunto de las putas- y que, de pronto, te encuentres «bunkerizado» dirigiendo a tu país en la Tercera Guerra Mundial.

No les tengo envidia y, tampoco, les arriendo la ganancia. Habrían pensado -algunos- que gobernar es hacerlo a base de decretazos; pero gobernar es mucho más que publicar leyes y contraleyes, es actuar más allá del posibilismo y las buenas intenciones.

Que lo del «todos y todas» se hará realidad cuando así lo decidan los hablantes, cuando nos salga de ahí, sí, de ese mismo sitio con el que se ganan la vida las trabajadoras del sexo. Que para eso somos los dueños de la lengua.

Y, si no, que se lo digan a Franco.

Porque, a pesar de ilegalizar la prostitución, a pesar de tipificarla como delito, todos sabemos en qué quedaron sus buenas intenciones.

Me he ido por las ramas pero lo importante es lo importante. Espero que los que nos gobiernan tengan muchas suerte y acierten. Que nos va en ello la vida.

Y, ya de paso, si pueden, que lo pongan más claro. Que la seguridad jurídica también es un principio constitucional.